Por: Jessica Jansepar Ross, Abogada.*
El Centro para la Ley de Discapacidades de Arizona (DRAZ) ha recibido muchas llamadas de parte de progenitores porque los distritos escolares de sus hijos se niegan a exigir que otros estudiantes, el personal docente y de atención directa usen mascarillas. Para los estudiantes con discapacidades que están en un riesgo mayor de enfermedad grave por COVID-19, exigir el uso de mascarillas a los estudiantes y al personal es una herramienta importante que les permite volver a la instrucción presencial de forma segura. No obstante, muchos distritos se niegan a proporcionar esta adaptación razonable.
Una razón mayor por la cual algunos distritos no proporcionaran adaptaciones razonables es porque en junio del 2021, Arizona aprobó una ley estatal que prohíbe a los distritos escolares exigir el uso de mascarillas. Los distritos escolares corrían el riesgo de perder fondos de ayuda por COVID-19 si incumplían con la ley estatal, es decir, si exigían el uso de mascarillas. El 22 de septiembre del 2021, un juez decidió que la ley prohibiendo el uso de mascarillas era inconstitucional porque fue aprobada ilegalmente como parte del presupuesto del estado. El Procurador General de Arizona, que representa al estado, apeló la decisión del juez y la causa se encuentra bajo revisión de la Suprema Corte de Arizona. En este momento, la ley estatal anti uso de mascarillas no ha entrado en vigor. Sin embargo, muchos distritos escolares no exigirán el uso de mascarillas mientras esperan la decisión de la Suprema Corte de Arizona sobre si la ley es inconstitucional.
La negativa a exigir el uso de mascarillas como una adaptación razonable ha causado que algunos progenitores saquen a sus hijos de sus distritos escolares o que los inscriban en escuelas en línea, a pesar de que permanecer en la escolarización presencial les permitirá aprender junto a sus compañeros. Otros progenitores continúan enviando a sus hijos a la escuela aunque no se exige el uso de mascarillas, porque se enfrentan a la difícil decisión de escoger entre el inefectivo aprendizaje-a-distancia o el aumento de los riesgos graves de salud, y ambas opciones tienen consecuencias negativas. Si su hijo/hija necesita a sus compañeros de clase, ayudantes, o maestros usen mascarilla por su discapacidad para asistir a la escuela de forma segura, le recomendamos que le pida al equipo del IEP/504 una modificación razonable a la política del distrito o de la escuela chárter de no exigir el uso de mascarillas. Si el distrito o la escuela chárter se niegan, esto podría ser una violación a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de Americanos con Discapacidades (ADA). Los tribunales que interpretan la ADA han considerado en otros casos que puede ser necesario hacer excepciones a las leyes y reglamentos cuando sean necesarias para proporcionar modificaciones razonables que permitan a las personas con discapacidades tener acceso a los bienes y servicios públicos.
Si Usted cree que la escuela de su hijo/hija ha violado la Sección 504 y la ADA, tiene la opción de presentar una queja con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos. El DRAZ ha diseñado un formulario fácil-de-llenar, disponible AQUÍ, para ayudarle a presentar la queja OCR en relación a la cuestión del uso de mascarillas. Hay ciertos plazos y otros requisitos que se aplican para presentar una queja que se detallan en la plantilla INSTRUCCIONES—así que asegúrese de revisarlos antes de empezar. Esperamos que este recurso ayudara a que más alumnos con discapacidades vuelvan de forma segura al entorno educativo adecuado.
Si utiliza este formulario o el recurso le resulta útil, favor de enviarnos un email a center@disabilityrightsaz.org.
Si tiene preguntas sobre los derechos educativos de su hijo/hija, o necesita ayuda legal, favor de llenar la admisión con nuestra oficina. Clique aquí para más información sobre el proceso de admisión de DRAZ.
*Jessica Jansepar Ross es abogada consultora con el Centro para la Ley de Discapacidades de Arizona. Su trabajo se centra en educación especial, la ley de empleo, la vivienda justa, y el acceso para las personas con discapacidad.
